Los costos de regulación golpean a la inclusión financiera



El cumplimiento de las regulaciones bancarias en América Latina ha representado altos costos para las entidades del sector, lo cual ha tenido repercusiones negativas en la inclusión financiera.
Así lo señala un estudio realizado por Anif para la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, en el cual se identifican y cuantifican los costos en los que incurre el sector bancario de Colombia, Perú, Panamá y El Salvador al acoplarse a sus respectivos marcos regulatorios.

Según el documento, “la ausencia de un adecuado análisis costo-beneficio ha conllevado ‘inflación regulatoria’ sobre el sector bancario, la cual afecta negativamente el proceso de inclusión financiera regional y los sobre-costos regulatorios drenan recursos de inversión en servicios financieros”,

Si bien la supervisión y regulación colombiana ha sido destacada a nivel internacional en los últimos años, la realidad es que hay otros temas locales que han hecho las cosas más complicadas para las entidades financieras.

Algunos de ellos son los topes a la tasa de usura, las normas de Basilea en capital y liquidez, las Normas Internacionales de Información Financiera, el Hábeas Data y el 4 por mil.

Así, en términos generales, por todas estas normas las entidades habrían dejado de percibir un equivalente de 6,8 % de sus ingresos totales, y una pérdida de rentabilidad sobre activos y patrimonio.

Para ver algunos ejemplos, si se hubiese liberado la tasa de interés máxima para la modalidad de consumo, la cartera en ese segmento podría haber aumentado un 20% adicional en promedio entre 2014 y 2016, lo que habría representado 2,3% más de ingresos para la banca en dicho lapso.

Más aún, esto representaría que las personas que son rechazadas por su elevado riesgo o quienes recurren al crédito informal, podrían acceder al sistema financiero formal.

En El Salvador, otro país que también tiene topes de tasa, el costo de oportunidad es casi 10 veces superior, pues la cartera podría haber crecido 30% más.

Entre tanto, el estudio señala que el 4 por mil ha afectado la intermediación financiera, pues desincentiva el uso de mecanismos de ahorro que ofrecen las entidades, y estimula el uso del efectivo.



En ese sentido, se calcula que entre 1999 y 2015, las entidades dejaron de percibir, en promedio, el equivalente al 1,8 % de sus ingresos.

De igual manera, establece que la profundización financiera habría crecido más rápidamente y estaría tres puntos por encima del nivel actual, que es de 43,9% del PIB.

Al hacer la comparación de los costos de Basilea, Perú y Panamá fueron los más afectados, mientras que la aplicación de las Niif le salió más cara a Colombia que a sus pares en la región.
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