El Gobierno elimina el IPC como referencia para subir costes

CARLOS SEGOVIA Madrid
DANIEL VIAÑA Madrid


01/02/2017 03:30El Gobierno tiene previsto eliminar este viernes el Índice de Precios al Consumo (IPC) como referencia para subidas de los servicios públicos y concesiones tras la fuerte subida de la inflación de enero. El ministro de Economía, Luis de Guindos, prevé llevar el llamado Real Decreto de Desindexación al Consejo de Ministros del próximo viernes para intentar recuperar el control sobre la inflación tras subir al 3% en enero, un 60% más que la media de la Eurozona, y marcar su máximo nivel desde octubre de 2012.

«Ninguna subida en las concesiones administrativas podrá ir vinculada al IPC», resumen a este diario fuentes gubernamentales. El real decreto desarrolla la Ley de Desindexación aprobada en la pasada legislatura y que se encontraba en hibernación desde hace dos años por encontrarse el Ejecutivo en funciones y, sobre todo, porque la inflación era negativa.

Con el nuevo Real Decreto, que ya ha pasado el trámite del Consejo de Estado, las concesionarias de autopistas de peaje, por ejemplo, no podrán actualizar tarifas en función del IPC como hasta ahora. En general, según las fuentes consultadas, las futuras subidas de precios en las que intervenga el sector público tendrán que ir ligadas a «una estructura de costes basada en la eficiencia y buena gestión empresarial», pero no ya a la inflación.

De Guindos aseguró ayer en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados que el real decreto «desarrolla y completa la Ley de Desindexación de la Economía Española, cuyo objetivo fundamental es desvincular los precios de los servicios públicos del IPC, especialmente cuando haya repuntes de elementos concretos como está pasando con la energía, lo que, en última instancia, redunda en menores efectos de segunda ronda».

El real decreto mantendrá fuera de la norma la negociación colectiva, pensiones o emisiones de deuda que ya quedaron excluidas en la ley por diferentes razones legales o prácticas, por lo que la eliminación del IPC como referencia no es completa.

El ministro alertó del riesgo que supone la subida de la inflación para la recuperación de la economía española, y calificó de «preocupante», pero «puntual», el incremento de enero. «Estoy convencido de que irá convergiendo a partir del mes de marzo o abril hacia el 2% de vuelta y hacia el 1%», afirmó. Pero advirtió que «si hay efectos de segunda ronda entonces incorporaremos un incremento puntual y lo haremos estructural. Eso es lo peor que puede ocurrir desde el punto de vista de la competitividad. Por eso el Gobierno aprobará el Decreto de Desindexación».

Esta situación contrasta, y mucho, con la inflación negativa de hace apenas cinco meses, los miedos y advertencias a un posible proceso de deflación en la economía española, y los esfuerzos del Banco Central Europeo (BCE) por acercar el IPC europeo a niveles cercanos al 2%. Sin embargo, el precio del petróleo y de la electricidad han modificado totalmente el escenario. Estos dos factores fueron los responsables de históricos niveles negativos de IPC y, ahora, lo son también del fuerte repunte que ha provocado que el Ejecutivo actúe para tratar de proteger la competitividad económica de España y evitar una espiral inflacionista.

También en el marco de la lucha contra la inflación, Guindos dio por hecho un acuerdo con los grupos políticos para reformar los órganos reguladores y, de esta manera, tener un mayor control sobre este índice económico. «En primer lugar, esta norma supondrá la escisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en dos nuevas entidades independientes. Este modelo permitirá así contar con una autoridad de competencia y con otra sectorial o de mercados». También implica la integración del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en la CNMV, y «la creación de una Agencia de Seguros Independiente, resultando un modelo de supervisión tripolar con un supervisor para la banca, otro para valores y finalmente otro para seguros».

Por último, la nueva normativa contempla «la creación de una Autoridad de Protección al Ahorrador e Inversor Financiero que unificará y reforzará los servicios de reclamaciones y de protección del inversor de los tres supervisores financieros».

Fuente: AQUÍ>