En principio, si hay una empresa que esté en las antípodas del Gobierno de Venezuela es Goldman Sachs, el banco que para muchos simboliza todo lo malo de Wall Street, y al que Donald Trump, en las fases más populistas de su campaña, atacó incesantemente, antes de ganar las elecciones y llenar su gabinete con directivos procedentes de él, incluyendo al número dos de la entidad, Gary Cohn.
Y, sin embargo, la oposición venezolana se manifestó ayer frente a la sede de Goldman, en Nueva York. La razón es el hecho de que la firma ha comprado en el mercado secundario 2.800 millones de dólares (2.500 millones de euros) de deuda de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Según la oposición al régimen de Nicolás Maduro, eso ha sido como entregar un balón de oxígeno financiero a un país que a pesar de tener las mayores reservas de petróleo del mundo vive una crisis económica de proporciones inimaginables, con una caída del PIB del 27% en tres años y una inflación del 720% este año.
Claro que también podría ser lo contrario. O sea, que Goldman Sachs apueste por una mejora de la situación del país. Los bonos de PDVSA fueron emitidos en 2014, y el banco central venezolano los adquirió. Ahora los ha vendido, a través del broker con sede en Londres Dinosaur Group, a un precio del 31% del valor de emisión. Eso indica que Goldman ha pagado 800 millones de dólares por unos activos que valen, en teoría, 2.800 millones, y que vencen en 2022.
El banco cree que las cosas en Venezuela van a mejorar de aquí a 2022, y que esa deuda podría acabar valiendo el doble que en la actualidad, o sea, unos 1.600 millones. La transacción, incluso, podría ser interpretada como una apuesta por un cambio de régimen en Venezuela que mejore la por ahora inexistente solvencia del país. El banco, además, ha indicado en un comunicado que esos bonos «están mantenidos en fondos y cuentas de nuestros clientes». En otras palabras: Goldman no ha sido, directamente, quien ha comprado nada a Venezuela.
Para la oposición venezolana eso no es más que una excusa ante una operación destinada a financiar al Gobierno de Nicolás Maduro. El presidente del Congreso de Venezuela, el opositor Julio Borges, ha declarado que recomendará a cualquier Gobierno futuro hacer default de esos bonos.
Pero, aunque la transacción no sea problemática, sí tiene un riesgo de imagen. Y, también, un potencial peligro. Incluso en el caso de que un futuro Gobierno en Caracas no haga default de esos bonos, es posible que todas las operaciones con el equipo de Maduro sean analizadas desde el punto de vista de sus relaciones con el narcotráfico. Ése puede ser un problema para Goldman, que ahora mismo está siendo investigado en EEUU y en Suiza por haber colaborado con el fondo soberano de Malasia, 1MDB, en una operación en la que el presidente y el primer ministro de ese país se embolsaron 700 millones de dólares (625 millones de euros) en 2015.
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