La diplomacia es lenta en los pasillos de la Organización de Estados Americanos(OEA). Este martes, tras días de presión para discutir la crisis venezolana, el Consejo Permanente se sentó a la mesa con grandes expectativas. Pero después de más de tres horas de discursos, el foro sólo fue capaz de concluir que 20 países miembros —dos más que al comienzo de la sesión— respaldan “concretar” una hoja de ruta para apoyar el funcionamiento de la democracia en Venezuela. Pese a su vaguedad, la declaración representa que una mayoría de las naciones integrantes de la OEA se reafirma contra el régimen de Nicolás Maduro. El Gobierno venezolano rechazó tajantemente tanto la celebración de la sesión como su contenido.
Durante una tensa reunión, México, Estados Unidos y Canadá lideraron un pulso entre una Venezuela cada vez más aislada y un creciente número de países que parece estar decidido a encontrar soluciones a la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa el país bolivariano.
EE UU repasó con firmeza las violaciones democráticas perpetradas por el Gobierno venezolano y urgió a la liberación de presos políticos y la convocatoria de elecciones libres, pese a insistir en que la suspensión de Venezuela —algo que ya sugirió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el 14 de marzo— es el último recurso de estos países. “Se debe tratar esta situación al nivel diplomático más alto”, afirmó horas antes en una llamada con la prensa un portavoz del Departamento de Estado. “La situación ha empeorado y existe una mayor preocupación a nivel regional”, añadió.
El consenso mayoritario es sin duda una victoria para los países beligerantes. Pero la falta de votación sobre el acuerdo y la vaguedad de este ponen en cuestión su relevancia de cara a los próximos pasos. La declaración no exige la fijación de un calendario electoral ni mantiene la solicitud de que se liberen a los presos políticos. Por el momento se desconoce si la declaración será la base para una resolución, algo que sugirió el embajador mexicano ante la OEA tras cerrarse la sesión.
Además, los distintos tonos entre los discursos revelan fisuras entre la veintena de naciones. El vocabulario de países caribeños prestó más atención a la renovación del diálogo entre Venezuela y la oposición, y recalcó con mayor ímpetu su respeto por la soberanía nacional y la no-intervención del país bolivariano, ideas que el discurso más tajante de México y EEUU excluyeron.
Las reticencias de algunas naciones caribeñas se deben a los estrechos lazos económicos que mantienen con Venezuela. Según confirmaron fuentes diplomáticas a EL PAÍS, en los últimos días el Gobierno estadounidense ha presionado a estos países a que se sumen a la denuncia de la crisis venezolana.
Venezuela, opuesta a cualquier intento de diálogo, rechazó de antemano la celebración de la reunión, acusando a la OEA de violar su soberanía nacional. También desafió e insultó a varios de los países que, de forma amigable en su mayoría, insistieron en su preocupación por el pueblo venezolano. El representante venezolano, al igual que hizo un día antes en la misma sala la canciller Delcy Rodríguez, atacó con contundencia al secretario general, Luis Almagro, que desde hace meses es la diana política del régimen de Maduro.
Al finalizar la reunión, la canciller Rodríguez afirmó en una rueda de prensa y redobló su rechazo hacia la “campaña injerencista” que, según considera, dirigen Almagro y los poderes imperiales contra su país.
Maduro pide denunciar a Almagro
En paralelo, horas después, Maduro ha festejado el resultado de la sesión extraordinaria de la OEA. “Hemos obtenido una gran victoria: ni se aprobó la carta democrática ni el informe promovido por Estados Unidos”, dijo.
Después dirigió una arremetida contra el organismo internacional y su secretario general. “Yo abro el debate sobre la utilidad y la pertinencia de la OEA y la permanencia de los Estados, entre ellos Venezuela… ¿Para qué sirve la OEA?”, agregó.
También solicitó a su vicepresidente, Tareck El Aissami, que introdujera una denuncia contra Almagro ante organismos internacionales por encabezar una supuesta ofensiva para desestabilizar al país sudamericano. Esta conspiración también la presentó este lunes por Rodríguez durante su discurso en la OEA.
El Aissami ha asumido esta encomienda como un asunto personal. Horas antes del anuncio de Maduro, el vicepresidente de Venezuela había adelantado en una concentración chavista en Caracas que demandaría a Almagro por vincularlo con el narcotráfico. “Me acusó a mí, y no es a mí, es al gobierno, a la revolución, al pueblo, de que supuestamente me congelaron $3,000 millones. No solo en el terreno político lo vamos a enfrentar”, agregó.
El régimen intenta desenlodar su imagen internacional. En febrero, El Aissami y Samarck José López Bello, un empresario señalado de ser su testaferro, fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Recursos Extranjeros –adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos– por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
El informe presentado por Almagro para activar la carta democrática en Venezuela mencionan las denuncias por presuntos nexos del Gobierno con el tráfico de drogas. Pero el chavismo argumenta que estas acusaciones obedecen a un complot internacional. “Hemos derrotado al Departamento de Estado, a la Cancillería mexicana y a la coalición de gobiernos de la fracasada derecha. ¡Gracias América Latina!”, resaltó Maduro.
En este enrevesado juego político ha quedado expuesta la oposición venezolana. Una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado un acuerdo aprobado por la mayoría opositora del Parlamento para apoyar la activación de la carta democrática. El fallo ha concedido poderes plenos a Maduro para dejar sin fuero a los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, pudiendo enjuiciarlos por delitos como traición a la patria, militares y terrorismo.
La apuesta no es perdonada por el Gobierno. Maduro ha advertido que aplicará una “agenda ofensiva” en defensa de los intereses de los “pueblos”.
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