Fumar porros en público acarreará una multa, pero habrá sanción penal en caso de reincidencia
El Gobierno israelí ha anunciado la próxima despenalización del uso de marihuana. El Estado hebreo se dispone a adaptar su legislación sobre drogas a la realidad social de un país donde un 9% de sus 8,5 millones de habitantes consumen cannabis, según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Fumar un porro en público ya no será delito, pero estará sancionado con una multa. Solo conllevará una sanción penal en caso de reiterada reincidencia.
“La policía va a poder derivar medios y recursos que ahora se emplean en combatir el uso personal [de drogas blandas] en lugar de a la lucha contra sustancias más peligrosas”, aseguró el ministro de Seguridad Interior, Gilad Erdan, al anunciar el jueves una reforma legal que prevé que entré en vigor dentro de tres meses para equiparar a Israel a varios países europeos y Estados norteamericanos. Erdan –considerado un duro en el seno del Gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu–, se había opuesto hasta ahora a la despenalización.
La ministra de Justicia israelí, Ayelet Shaked, ya había anticipado el giro del Gobierno en un informe de 120 páginas presentado dos días antes en la Knesset (Parlamento), en el que se recomendaba que el uso de hachís dejara de estar perseguido penalmente para ser controlado mediante multas administrativas. “Cientos de miles de personas no pueden ser consideradas delincuentes”, reconoció la ministra al presentar el documento.
En el texto se admite el peligro de que el consumo pueda aumentar tras la reforma legal, especialmente entre los menores de edad, así como los accidentes de tráfico, y que la despenalización puede incrementar el riesgo de pasar a usar estupefacientes más tóxicos que el cannabis. Pero los expertos que lo han redactado defienden finalmente la conveniencia de abordar la cuestión de las drogas blandas por un enfoque de salud pública en lugar del actual modelo de represión policial.
Según los datos presentados ante la Knesset a finales de diciembre por el Ministerio de Seguridad Interior, el número de casos abiertos por las fuerzas de seguridad por consumo de marihuana ha caído un 30% desde 2010. Fueron archivados el 58% de los casos de adultos y el 60% de los de menores. El Ministerio de Justicia confirmó también que en 2015 solo fueron arrestadas 188 personas en Israel por fumar porros, un 56% menos que hace siete años.
El equipo que ha diseñado el nuevo sistema legal sobre drogas blandas prevé la imposición de multas de unos 1.000 shequels (unos 250 euros) —que no se registrarán en los antecedentes penales— en caso de ser hallado por la policía consumiendo marihuana en público por primera vez. Las sanciones pecuniarias se irán multiplicando por dos y por tres si una misma persona es sorprendida sucesivamente por la policía.
La diputada laborista Shelly Yacimovich ha expresado el apoyo de la oposición a la reforma. “El consumo de cannabis entra dentro del espacio de las libertades individuales en el que el Estado no debe intervenir si no se causa daño a nadie”, dijo al diario Haaretz. Pero a la cuarta irá la vencida y pondrán abrirse diligencias penales por consumo de hierba. A los menores de edad solo se les podrá llevar ante el juez en caso de que rechacen sometiese a un programa tratamiento de deshabituación.
El Ejército israelí se ha adelantado desde el inicio del año a la revisión de los mecanismos de lucha contra la drogadicción. Los soldados de permiso que dé una calada a un canuto se libran ahora, salvo los reincidentes múltiples, del calabozo y el consejo de guerra si aceptan someterse a programa de rehabilitación durante su permanencia en filas.
Israel es precisamente uno de los líderes mundiales en el cultivo y administración de marihuana para uso médico. Más de 25.000 personas, entre ellos muchos pacientes oncológicos, están autorizados por el Ministerio de Sanidad a adquirir cannabis o uno de sus derivados en farmacias que cuentan con un permiso especial de venta. El Gobierno está estudiando autorizar la exportación de derivados del cáñamo índico para uso terapéutico, siguiendo los pasos de Australia o Canadá, según el diario Yedioth Ahronoth. La mediada puede reportar unos ingresos de 250 millones de euros a las arcas públicas y contribuir a la creación de miles de empleos.
El Ministerio de Sanidad también prevé formar a un centenar de médicos para que se sumen a los 36 que actualmente dispensan las recetas a los pacientes autorizados a consumir cannabis. El Ministerio de Agricultura prepara la creación de un servicio especializado en la investigación del cultivo del cáñamo en el Instituto Volcani, centro puntero de que ha dirigido las reformas agrarias desde la fundación del Estado de Israel.
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