El asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce, dejó entrever este lunes que la edad de jubilación sería uno de los puntos a reformar de cara a los cambios que se alistan para extender la agonizante viabilidad financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Pero lo hizo planteando un escenario laboral ajeno a la realidad del país, en el que predomina el empleo informal, la discriminación laboral después de los 40 años y una reducida permanencia como cotizantes activos.
“Cuando se creó la Seguridad Social la esperanza de vida andaba entre los 50 y 60 años, de tal manera que vos comenzabas a trabajar a los 20 años, cotizabas 15, 18 años, y después te jubilabas 10 años después y después te morías. Ahora la expectativa de vida en Nicaragua está arriba de los 70 años”, expresó Arce en el programa Jaime Arellano en la Nación.
Según el informe Nicaragua en Cifras 2015, la esperanza de vida al nacer ese año era de 75.7, la segunda más alta de Centroamérica, solo superada por Costa Rica, con 77.8 años.
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Tener más de 40 es castigo
Arce incluso se puso de ejemplo, diciendo que tiene 68 años y aún no se ha jubilado, con lo cual ha generado gran “ahorro” al país.
Sin embargo, las cifras oficiales indican que para la mayoría de los nicaragüenses conforme más avanzada es la edad, menos posibilidades laborales tienen.
Según Arce, “un muchacho que comienza a trabajar a los 18 años, a los 33 años ya llenó su cuota” del INSS (que actualmente exige 750 semanas para jubilarse) “y todavía le queda vida por delante y trabajo por delante”.
Pero el ejemplo planteado por Arce no es el que predomina entre los afiliados al INSS, según reflejan las estadísticas publicadas en su anuario: del promedio de 857,219 asegurados que se mantuvieron activos durante 2016, apenas 18,940 tenían menos de 20 años (2.2 por ciento), lo que refleja que muy pocos empiezan a cotizar a temprana edad.
Pero además, el 62 por ciento de los asegurados activos tiene menos de 40 años, lo que evidencia que el empleo formal premia principalmente la mano de obra joven y la descarta a partir de los 40 años, edad en que empieza a mermar el número de asegurados activos. Apenas 23,666 asegurados activos en 2016 tenían 60 años a más (solo el 2.76 por ciento).
“En Nicaragua acumular las 750 semanas que actualmente establece el INSS para acceder a la jubilación no es fácil, si eso se pudiera no habría tanta gente pidiendo pensión reducida (…). Si revisamos las estadísticas del Seguro Social, solo entre el 40 y 45 por ciento de los asegurados logra acumular las 750 semanas”, advierte Nilo Salazar, secretario general de la Confederación General de Trabajadores Independientes (CGT-i).
El anuario del INSS también indica que hasta 2016 se registraban 42,946 pensiones reducidas, que costaron al INSS 1,347.41 millones de córdobas. Solo el año pasado se agregaron 7,390 pensiones de este tipo de personas que no lograron las 750 semanas requeridas para la pensión completa, pero sí cotizaron más de 250 semanas.
Salazar también recuerda que actualmente el mercado laboral en Nicaragua solo contrata mano de obra joven, por tanto cuestiona que de qué le servirá a los asegurados que el INSS les diga que pueden trabajar hasta los 65 o más años, cuando difícilmente una empresa les mantiene la plaza después de los 40 años.
“Por ejemplo, en las empresas de zona franca si una mujer ya tiene 35 años ya no la ven bien para que trabaje y comienzan a ponerle peros para que se vaya. Esta es una realidad que le provoca problemas a los asegurados, ya que no todos los que pierden sus trabajos tienen capacidad de pagar el seguro facultativo para completar las 750 semanas establecidas para poder jubilarse”, explica el sindicalista.
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No todos pueden
Para Salazar, también se tendría que tomar en cuenta que las condiciones de vida y alimentación de la mayoría de nicaragüenses no son las óptimas, por lo que no todos los trabajadores con más de 60 años están en condiciones para seguir laborando.
Este fue un punto que también abordó Arce, quien afirmó que “en otros países hay jubilaciones diferenciadas”.
LA PRENSA intentó obtener también la posición sobre este tema de dirigentes de organizaciones sindicales afines al Gobierno. Pero ni Luis Barbosa, de la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), ni Roberto González, de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), contestaron las múltiples llamadas que se les hicieron.
Poca estabilidad
Otro factor que dificultaría a los trabajadores alcanzar la jubilación, si se elevara el número de cotizaciones requeridas —tal como ha sugerido el Fondo Monetario Internacional—, es la limitada permanencia de los asegurados activos en el Seguro Social.
Según el anuario estadístico del INSS, el año pasado apenas el 38.22 por ciento del total de cotizantes estuvo activo a lo largo de todo el año, lo que indica que el 61.78 por ciento empezó a cotizar y se quedó en el camino.
De los 455,136 cotizantes que permanecieron durante todo el año, 138,493 eran servidores públicos.
En el sector privado fue la industria manufacturera la que más retuvo cotizantes durante el año, con 84,350, seguido por comercio, con 52,260 asegurados permanentes en 2016.
¿Consenso?
El asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce, insistió ayer que las medidas para salvar al INSS serán consensuadas entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos. “Aquí el Gobierno no va a imponer nada ni el Fondo (…). Nosotros también tenemos visualizadas otras alternativas”, dijo sin detallar cuáles. Sin embargo, el sector privado ha reiterado en los últimos meses que no continuarán aumentando el aporte patronal al Seguro Social, luego que se le incrementara en tres puntos porcentuales (desde 16 hasta 19 por ciento) tras la reforma paramétrica aplicada a partir de 2014, la que prometía salvar las finanzas de la institución.
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