Desigualdad y pobreza


Es hora de introducir una renta mínima y de tomarse en serio políticas activas de empleo, pero no es posible ignorar las restricciones económicas existentes. Resulta imprescindible definir bien las prioridades


Hoy día todo el mundo deplora la desigualdad: desde el Papa hasta el Fondo Monetario Internacional. La socialdemocracia puede estar en crisis, pero la pasión igualitarista se ha extendido hasta ámbitos inesperados. Ello debería ser motivo de esperanza puesto que mucha gente vive en unas condiciones materiales de vida profundamente deterioradas. Pero, por ello, debemos evitar aquellos intentos en los que se es compasivo simplemente porque resulta popular, con abusos retóricos de palabras.

Resulta muchas veces difícil saber qué es lo que muchos deploran y cómo lo querrían remediar. Para empezar, unas veces se habla de “desigualdad”; otras, de “pobreza”. Por “pobreza” cabe entender la carencia de bienes y recursos necesarios para llevar una vida digna. Esta es una concepción de pobreza “absoluta”. Pero por lo general la “pobreza” se entiende en términos “relativos”: más pobre en relación a otros. La “pobreza” se convierte entonces en una manifestación extrema de la “desigualdad”. Esta diferencia no es trivial: alguien sería “pobre” en Noruega si su renta estuviese por debajo de la mitad de 64.279 euros. La renta mediana en 2016. Pero en muchas partes del mundo esa renta no impediría disponer de bienes y recursos necesarios para llevar una vida digna. Así, en unos países puede existir una considerable desigualdad, pero no pobreza; en otros, mucha igualdad y mucha pobreza. ¿Cuál de las dos alternativas es más grave? ¿Preocupa más la pobreza o la desigualdad? ¿Se sabe siempre de qué se habla?
La confusión es también considerable entre “desigualdad” y “discriminación”. La socialdemocracia tiene parte de culpa: desde la Segunda Guerra Mundial, la universalización de los distintos programas del Estado de Bienestar ha conducido a “no discriminar” entre beneficiarios, pero a costa de redistribuir menos, financiando también a los ricos. ¿Por qué razón igualitaria jubilados adinerados habrían de recibir pensiones no-contributivas? ¿Por qué razón los ricos debieran percibir una “renta mínima universal” en vez de depender esta de las condiciones económicas de las personas?
Existen sin duda argumentos poderosos a favor del “universalismo” de las políticas de bienestar. Pienso que ello sucede en particular con la sanidad y la educación públicas, que se convierten así en la sanidad y la educación de todos. Pero además ha existido una competición electoral por el voto de las clases medias ofreciéndoles beneficios sociales. Y el universalismo evita tensiones sociales y políticas, sin que las políticas sociales se conviertan en un juego de suma cero. En tiempos atribulados como los actuales, es necesario reconsiderar con mucho más cuidado desigualdad, pobreza y discriminación social, y cómo remediarlas.
¿En qué situación estamos? Con independencia de una abrumadora retórica, es cierto que los tiempos han cambiado mucho en la última década. Durante un largo período, la desigualdad de ingresos disponibles disminuyó en Europa. Si atendemos a los datos disponibles por la OCDE para los 17 principales países europeos (*), desde fines de los 60 hasta 1980 el coeficiente de Gini de ingresos disponibles se situaba en un promedio de 0,234. Desde entonces fue incrementándose y, tras 2008, ese promedio ha aumentado hasta 0,295 (una subida de un 26,1%). Sin duda este incremento de la desigualdad de los ingresos disponibles (**) es social y políticamente relevante a todos aquellos que quieran promover una mayor igualdad les corresponde detectar sus causas y sus remedios. Pero para ello, tal vez lo primero sea mirar, tras ese dato agregado, qué diferencias existen entre los países europeos. Que el bosque no tape los árboles.
Mi primera conclusión es que no existe ninguna tendencia supranacional que condene a los gobiernos a seguir la misma ruta. En siete de los 17 países, la desigualdad se redujo: ello se produjo incluso en países donde se llevaron a cabo profundos ajustes, como Portugal, Finlandia o Islandia. España se mantuvo en la cola europea de la desigualdad. Su coeficiente de Gini alcanza hoy un 0,346. Un 17% superior al promedio europeo, más elevado que los de Grecia o Portugal. Recuérdese sin embargo que en los años ochenta, con una crisis económica también muy prolongada y profunda, con el gobierno del PSOE la proporción de la renta nacional correspondiente al 10% más pobre aumentó en un 17,9% mientras se redujo en un 5,4% la del 10% más rico. Las crisis económicas no generan un inevitable crecimiento de la desigualdad
Si examinamos con cuidado esta cuestión, observando lo que ha sucedido en los 17 países desde 1945 (***), los aumentos de la desigualdad han sido más probables con el desarrollo y no con las crisis; se han beneficiado más los ricos. El análisis conjunto de los efectos del desarrollo, del desempleo y del gasto social muestra que los dos primeros incrementaron la desigualdad, el último la redujo. Como sabemos que muchos programas sociales no benefician más al 50% más pobre, ¿qué programas han sido recortados y cuáles no durante la presente crisis en los países con mayor igualdad? Una política socialdemócrata tiene lecciones que aprender de allí donde las cosas se hicieron de forma más justa que en España. ¿Existe alguna reflexión sobre las políticas y los programas redistributivos de esos países en el debate político español, dominado por afanes de poder demasiado cargados de retórica?
Mi segunda conclusión es que resulta hoy día fundamental atender a la pobreza dentro de la desigualdad. Para examinar qué ha sucedido con la pobreza (entendida en términos “relativos”) podemos considerar la ratio de población que percibe menos de la mitad de la renta mediana del país. La pobreza es así, en efecto, una expresión extrema de la desigualdad. En los 17 países la pobreza aumentó en promedio pese a las políticas redistributivas de los Estados, pero de nuevo existieron relevantes diferencias. Así por ejemplo, en Austria, Finlandia o Noruega la pobreza es hoy más reducida que en 2008. Por el contrario, en España ha aumentado el doble que la desigualdad en general: según estimaciones de la OCDE, la pobreza alcanza a un 15,9% de la población total. Ante la necesidad y la pobreza ya es hora de introducir una renta mínima y de tomarse en serio políticas activas de empleo. Pero, aparte de proclamaciones retóricas, ¿qué importancia tienen estas cuestiones en el debate político?
Al formular políticas, no cabe estar ciegos ante las restricciones económicas existentes. Es obligado aumentar unos recursos públicos muy insuficientes, pero además resulta imprescindible definir bien las prioridades y las consecuentes políticas. Debemos olvidarnos de generalizaciones sobre “la política dominada por el mercado” o sobre gobiernos atados de manos por la “globalización”, porque sirven de excusa. Los gobiernos nacionales tienen unas responsabilidades y unos medios muy importantes. Holanda o Austria, por ejemplo, no están en otro mundo y son también miembros de la eurozona. No hay razón para la impotencia ante la desigualdad y la pobreza existentes en España.

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