martes, 14 de febrero de 2017

Uber pide al Gobierno de Costa Rica abrir una discusión sobre transporte

Lunes, 13 de Febrero del 2017 | Escrito por - ACAN-EFE
La empresa de transporte privado Uber, que funciona por medio de una aplicación tecnológica, pidió hoy al Gobierno de Costa Rica abrir una discusión sobre el transporte y la innovación, en momentos en que la Sala Constitucional analiza la legalidad de ese servicio.

Uber, declarado ilegal por el Gobierno, publicó este lunes en redes sociales y su página una carta abierta en la que indica que el contexto actual "representa una oportunidad única para empezar una conversación sobre el futuro de la movilidad en Costa Rica".

"Es una oportunidad para abrir el diálogo sobre cómo enmarcamos la innovación, no sobre cómo detenemos los beneficios que ésta trae por el miedo que podamos tenerle al cambio. Es la oportunidad de apoyar el progreso de nuestro país que hoy tiene ante sí la Sala, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y quienes aspiren a ocupar cargos políticos en el futuro", señala la misiva.

Según la empresa, en Costa Rica, país de 4,8 millones de habitantes, hay 13.000 conductores afiliados a la aplicación y medio millón de personas "que se han unido a la comunidad Uber".

"Es hora de escuchar a estos costarricenses y de darle el peso apropiado al derecho constitucional a elegir del que ellos disfrutan", manifestó la compañía.

Uber aseguró que ha brindado a los costarricenses "una opción de movilidad que permite compartir el vehículo, reducir la congestión y la contaminación, incrementar la seguridad, y complementar las otras opciones de movilidad existentes".


En Costa Rica, la empresa Uber comenzó a operar en agosto de 2015 con tarifas hasta un 50 % más bajas que las de los taxistas oficiales.

Desde entonces el gremio de los taxistas ha llevado a cabo numerosas protestas en las calles de la capital costarricense porque consideran a Uber como un servicio "pirata", cuyos conductores no cumplen requisitos legales y técnicos obligatorios para los taxistas.

La Sala Constitucional analiza tres acciones de inconstitucionalidad sobre el servicio de Uber y es posible que las resuelva en las próximas semanas.

El Gobierno ha insistido en que Uber es un servicio de transporte ilegal y la Policía de Tránsito está habilitada para multar a los conductores e incluso quitarles su matrícula o el vehículo, pero esto no ha evitado el funcionamiento del servicio.

El gremio de taxistas ha pedido al Gobierno que bloquee la aplicación mediante la cual funciona Uber, a lo que las autoridades han respondido que es imposible hacerlo.

Fuente: AQUÍ>

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