Los republicanos culpan a la legislación de obstaculizar el crédito, pero las cifras dicen otra cosa.
Jeb Hensarling no se contuvo la semana pasada cuando se le preguntó en la CNBC por los fallos de Dodd-Frank. "Obstruye las arterias del capitalismo en nuestro sistema. Perjudica a los trabajadores. Perjudica a los consumidores. Tiene que desaparecer", advirtió el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, en relación al elemento distintivo de la regulación financiera de la era Obama. "No se puede tener una economía saludable mientras exista Dodd-Frank".
Se espera que el republicano de Texas presente un conjunto de normas alternativas en los próximos días, que podrían deshacer muchas de las reformas aplicadas hace siete años. ¿Pero hace bien? ¿Se excedió la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor, aprobada en julio de 2010, yendo demasiado lejos e impidiendo a los bancos dar crédito? Los datos no sugieren que sea demasiado difícil obtener préstamos. Las cifras de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC por sus siglas en inglés) muestran que los préstamos brutos entre los bancos comerciales estadounidenses han aumentado de forma constante durante al menos tres años, en todas las categorías excepto en las líneas de crédito para segundas hipotecas y en los préstamos a otros bancos.
Los créditos se mantuvieron relativamente planos entre 2010 y 2012, pero el volumen global ha crecido desde unos 7,5 billones de dólares a 9,24 billones desde entonces. Esto supone casi un 6% anual, prácticamente el doble del crecimiento de la economía. "Subimos como el resto", aseguró el director financiero de Wells Fargo, John Shrewsberry, en una conferencia la semana pasada en Miami, refiriéndose a un aumento del crédito del 7% el año pasado.
"El crecimiento de los préstamos sigue siendo sólido", aseguró Marianne Lake, su homóloga en JPMorgan Chase, al presentar unos beneficios anuales récord de 24.700 millones de dólares el mes pasado.
Titulares aparte, hay indicios de que ciertos segmentos se han visto afectados. En productos como las tarjetas de crédito y los préstamos personales, por ejemplo, los analistas aseguran que la actividad se ha hundido por el miedo a la censura de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB por sus siglas en inglés)
La CFPB fue una de las agencias salidas de Dodd-Frank; impone el cumplimiento de 19 leyes federales de protección del consumidor que afectan a todos los segmentos, desde los créditos hipotecarios a los préstamos a estudiantes, las tarjetas de crédito y las prácticas bancarias. Dodd-Frank ordenó a la agencia estar atenta a las prácticas "injustas, engañosas o abusivas" en cualquier producto financiero o servicio ofrecido a un consumidor. Esto puede haber inducido a los bancos a evitar a los clientes con bajos ingresos, explica Justin Schardin, el director de reforma regulatoria financiera del Centro de Política Bipartidista. Schardin hace referencia a un estudio del año pasado que muestra que los clientes con una baja calidad crediticia recibieron menos de un 20% de las nuevas cuentas de tarjetas de crédito en 2015, frente al 29% en 2007.
Con respecto a las hipotecas residenciales, los bancos y los lobbies también se quejan de los nuevos requisitos para determinar si el consumidor posee una "capacidad razonable" para devolver el préstamo, en base a su historial crediticio, ingresos, obligaciones, ratio deuda-ingresos, condición laboral y otra información.
Pero Laurie Goodman, codirectora del Housing Finance Policy Center del comité liberal de expertos Urban Institute, expone que hay otros factores que han tenido un efecto mayor. El préstamo sigue siendo "extremadamente escaso", explica, porque las entidades de crédito están preocupadas por los modelos y garantías que tienen que aportar a Fannie Mae, el comprador de hipotecas respaldado por el Gobierno, y por el alto coste de la gestión de los préstamos morosos, entre otros factores. Nada de esto estaba en Dodd-Frank.
El crédito a las pequeñas empresas también ofrece señales opuestas. Los préstamos no hipotecarios de menos de un millón de dólares a empresas no agrícolas tocaron techo en 375.000 millones de dólares en 2007, según los datos de la FDIC, y desde entonces han caído a 284.000 millones. Para Douglas Holtz-Eakin, el presidente del Foro de Acción Americano, un think-tank de centro derecha, esto es un indicio de las cargas extra por el cumplimiento.
Pero otros analistas apuntan que es difícil desligar los efectos de Dodd-Frank de la precaución adicional de los bancos mientras reconstruían su capital; de una economía relativamente débil; y de la competencia de numerosas plataformas no bancarias. Hay quienes señalan que la parte central de Dodd-Frank que afecta a los préstamos a las pequeñas empresas, y que exige a los bancos recopilar y comunicar más datos, todavía tiene que entrar en vigor.
Aunque las evidencias de que Dodd-Frank daña al crédito bancario son poco convincentes, según Michael Barr, un catedrático de la Universidad de Michigan, esto no detendrá a los republicanos decididos a retirarla. Barr, que ayudó a diseñar Dodd-Frank durante su estancia en el Departamento del Tesoro de Tim Geithner entre 2009 y 2010, asegura que las declaraciones sobre ayudar a los bancos a dar más préstamos son una estratagema para obtener apoyos a un paquete de reformas que favorezca más a Wall Street que a la población.
Señala que los miembros de lobbies ya hablan de eliminar la prohibición Volcker a la negociación con capital propio, y de abolir el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera, cuya función se suponía que tenía que ser la de controlar los riesgos que se desarrollen fuera de los bancos que gestionan depósitos. Nada de esto tiene mucho que ver con facilitar el flujo de crédito.
La alternativa de Hensarling a Dodd-Frank, conocida por el momento como Ley de Elección Financiera, es poco probable que traiga "cambios a mejor para el país", advierte. "Corremos el riesgo de retrasar las agujas del reloj a la antesala de la crisis financiera, y de volver a repetirlo todo".
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