Viernes, 7 de Octubre del 2016 | Escrito por - Mariana Belloso/Lourdes Quintanilla/Edwin Teos/Javier Orellana -LPG
La agencia calificadora de riesgo S&P Global Ratings anunció que ha colocado a El Salvador en revisión especial negativa, pues considera: “La administración financiera de El Salvador se está deteriorando, como se observa en el debilitamiento de la capacidad del Gobierno para obtener acceso a liquidez, debido a una mayor polarización política”.
El Gobierno y la oposición no han logrado un acuerdo para emitir $1,200 millones en bonos, que servirían para pagar deuda pública de corto plazo y cubrir otros gastos del Estado. Las alcaldías han reportado atrasos en las transferencias de fondos y proveedores se han quejado de falta de pago por productos y servicios.
“Colocamos en nuestro listado de Revisión Especial con implicaciones negativas las calificaciones soberanas de largo y corto plazo de B+ y B, respectivamente, de El Salvador. Esperamos resolver el estatus de Revisión Especial antes de que concluya 2016, con base en el resultado de las negociaciones políticas sobre la política fiscal, incluyendo la gestión de deuda, así como una ley de disciplina fiscal”, apuntó la calificadora, en un comunicado.
Ambas notas, la B+ y la B, están dentro de la categoría de posible impago, o los denominados bonos basura. Mientras más baja es la calificación crediticia de un país, mayor interés debe pagar este por su deuda. El financiamiento se encarece.
S&P dijo que, de no lograr acuerdos sobre la reforma fiscal que ayuden a estabilizar el acceso del Gobierno a liquidez, contener el reciente aumento de su nivel de deuda e impulsar la confianza de los inversionistas “podría llevarnos a una baja de calificación”.
Advertencias
El anuncio de la calificadora de riesgo se suma a una serie de llamados dentro del mismo país, para que se logre un acuerdo que permita resolver los problemas fiscales y mejorar la perspectiva a mediano y largo plazo.
El Gobierno está llegando al límite de su capacidad para obtener recursos y cumplir con sus obligaciones, pero los acuerdos necesarios para solucionar esa situación todavía no se han convertido en realidad, dijo Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
“Tendremos un espacio de por lo menos este año (para buscar solución), pero no podemos seguir jugando a eso, de quién se cae primero. Porque el que se cae primero, se lleva al segundo”, afirmó.
El problema urgente es tener el dinero en efectivo suficiente. Primero, para cerrar el año y segundo para avanzar hacia los primeros meses de 2017. Sin embargo, las autoridades, los analistas, los organismos internacionales y la oposición política coinciden en que, con medidas de alivio temporal, el país enfrentará esta misma situación a la vuelta de un año o dos.
Rubio agregó que sin resolver la crisis de efectivo que enfrenta el Ejecutivo, “en unos meses no podremos dar marcha atrás”.
Este día toca pagar $71.5 millones de la deuda que el Ministerio de Hacienda (MH) tiene con los trabajadores que ahorran en las AFP. Esta deuda nació en 2006 y se paga cada tres meses con fondos del presupuesto nacional, pero este año se quedaron sin recursos suficientes para la cuota del 7 de octubre. Con este argumento, la Asamblea Legislativa modificó la ley que rige al fondo de pensiones, y ahora Hacienda pagará la deuda que tiene con los trabajadores con más papeles. En cuestión de días, esa reforma acumuló tres demandas por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero al cierre de esta nota no había novedad sobre eso.
Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) pidió a los dirigentes del país que trabajen para enderezar el rumbo: “Se ha vuelto evidente que las decisiones importantes se toman unilateralmente en otras instancias, con criterios ideológicos y no técnicos, o por justificaciones político-partidarias, y esas decisiones resultan en detrimento de la economía y de la generación de nuevos empleos”.
Para el presidente de la asociación, la crisis fiscal está empañada por los intereses electorales de cada parte involucrada. “Pero para nosotros los empresarios y para la mayoría de salvadoreños, el tiempo no se mide en términos electorales sino por el día a día... Trabajamos duro hoy para vivir mejor mañana. No tomamos decisiones pensando en 2018 y 2019”, explicó.
Simán, que dio estas palabras al inaugurar la XXII Feria Industrial, advirtió que la mala administración de los fondos públicos tiene un impacto sobre toda la población. “Estamos convencidos de que la pobreza en nuestro país se debe, no a la falta de recursos, sino a la corrupción y al despilfarro. Y los empresarios debemos ser los primeros en dar el ejemplo de honestidad y transparencia, evitando prestarnos a la corrupción o sucumbir ante requerimientos arbitrarios de funcionarios”.
La diputada de ARENA Ana Vilma de Escobar pidió abrir el diálogo y criticó que el Gobierno solo se concentra en que los diputados aprueben recolectar $1,200 millones en deuda con bonos. “Este problema no se solucionará entre dos partidos políticos; es necesaria la participación de todos los sectores”, dijo.
El Gobierno y la oposición no han logrado un acuerdo para emitir $1,200 millones en bonos, que servirían para pagar deuda pública de corto plazo y cubrir otros gastos del Estado. Las alcaldías han reportado atrasos en las transferencias de fondos y proveedores se han quejado de falta de pago por productos y servicios.
“Colocamos en nuestro listado de Revisión Especial con implicaciones negativas las calificaciones soberanas de largo y corto plazo de B+ y B, respectivamente, de El Salvador. Esperamos resolver el estatus de Revisión Especial antes de que concluya 2016, con base en el resultado de las negociaciones políticas sobre la política fiscal, incluyendo la gestión de deuda, así como una ley de disciplina fiscal”, apuntó la calificadora, en un comunicado.
Ambas notas, la B+ y la B, están dentro de la categoría de posible impago, o los denominados bonos basura. Mientras más baja es la calificación crediticia de un país, mayor interés debe pagar este por su deuda. El financiamiento se encarece.
S&P dijo que, de no lograr acuerdos sobre la reforma fiscal que ayuden a estabilizar el acceso del Gobierno a liquidez, contener el reciente aumento de su nivel de deuda e impulsar la confianza de los inversionistas “podría llevarnos a una baja de calificación”.
Advertencias
El anuncio de la calificadora de riesgo se suma a una serie de llamados dentro del mismo país, para que se logre un acuerdo que permita resolver los problemas fiscales y mejorar la perspectiva a mediano y largo plazo.
El Gobierno está llegando al límite de su capacidad para obtener recursos y cumplir con sus obligaciones, pero los acuerdos necesarios para solucionar esa situación todavía no se han convertido en realidad, dijo Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
“Tendremos un espacio de por lo menos este año (para buscar solución), pero no podemos seguir jugando a eso, de quién se cae primero. Porque el que se cae primero, se lleva al segundo”, afirmó.
El problema urgente es tener el dinero en efectivo suficiente. Primero, para cerrar el año y segundo para avanzar hacia los primeros meses de 2017. Sin embargo, las autoridades, los analistas, los organismos internacionales y la oposición política coinciden en que, con medidas de alivio temporal, el país enfrentará esta misma situación a la vuelta de un año o dos.
Rubio agregó que sin resolver la crisis de efectivo que enfrenta el Ejecutivo, “en unos meses no podremos dar marcha atrás”.
Este día toca pagar $71.5 millones de la deuda que el Ministerio de Hacienda (MH) tiene con los trabajadores que ahorran en las AFP. Esta deuda nació en 2006 y se paga cada tres meses con fondos del presupuesto nacional, pero este año se quedaron sin recursos suficientes para la cuota del 7 de octubre. Con este argumento, la Asamblea Legislativa modificó la ley que rige al fondo de pensiones, y ahora Hacienda pagará la deuda que tiene con los trabajadores con más papeles. En cuestión de días, esa reforma acumuló tres demandas por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero al cierre de esta nota no había novedad sobre eso.
Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) pidió a los dirigentes del país que trabajen para enderezar el rumbo: “Se ha vuelto evidente que las decisiones importantes se toman unilateralmente en otras instancias, con criterios ideológicos y no técnicos, o por justificaciones político-partidarias, y esas decisiones resultan en detrimento de la economía y de la generación de nuevos empleos”.
Para el presidente de la asociación, la crisis fiscal está empañada por los intereses electorales de cada parte involucrada. “Pero para nosotros los empresarios y para la mayoría de salvadoreños, el tiempo no se mide en términos electorales sino por el día a día... Trabajamos duro hoy para vivir mejor mañana. No tomamos decisiones pensando en 2018 y 2019”, explicó.
Simán, que dio estas palabras al inaugurar la XXII Feria Industrial, advirtió que la mala administración de los fondos públicos tiene un impacto sobre toda la población. “Estamos convencidos de que la pobreza en nuestro país se debe, no a la falta de recursos, sino a la corrupción y al despilfarro. Y los empresarios debemos ser los primeros en dar el ejemplo de honestidad y transparencia, evitando prestarnos a la corrupción o sucumbir ante requerimientos arbitrarios de funcionarios”.
La diputada de ARENA Ana Vilma de Escobar pidió abrir el diálogo y criticó que el Gobierno solo se concentra en que los diputados aprueben recolectar $1,200 millones en deuda con bonos. “Este problema no se solucionará entre dos partidos políticos; es necesaria la participación de todos los sectores”, dijo.
Fuente: el economsita
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