Viernes, 7 de Octubre del 2016 | Escrito por - Valentina Lares Martiz|GDA|EL TIEMPO|Colombia
Esta decisión del tribunal fue tomada en septiembre, cuando el TSJ declaró “carentes de toda vigencia jurídica los actos emanados de la Asamblea Nacional” en una sentencia con la que el oficialismo interpreta que en Venezuela no hay Poder Legislativo.
En ello el mandatario aseguró que el presupuesto nacional sería aprobado por el “Congreso de la Patria”, una instancia integrada por delegados del partido de Gobierno paralela a la Asamblea y con la que, al menos simbólicamente, el Gobierno dice someter a consulta y votación sus decisiones.
En esa tónica el vicepresidente Aristóbulo Istúriz declaró que el presupuesto nacional será presentado ante “asambleas del Poder Popular” para su aprobación.
No es la primera vez que el TSJ falla contra la AN de mayoría opositora, a la que durante 2016 le ha quitado poco a poco sus facultades a través de al menos 20 sentencias que emanan de “interpretaciones” solicitadas por chavistas.
El cerco contra el parlamente venezolano ha pasado incluso por la negativa del Ejecutivo a asignar los recursos para el pago de salarios de los funcionarios de la Asamblea Nacional.
Diputados de la oposición advierten que si el Ejecutivo no envía el presupuesto al parlamento caería en una omisión tan clara de sus deberes constitucionales que el presidente Maduro podría enfrentar una demanda por irregularidades administrativas.
La confrontación del Ejecutivo venezolano con la Asamblea Nacional (AN), desde que esta es mayoritariamente opositora, avanza y arrastra consigo el andamiaje legal del país, ahora tocando una fibra medular: el presupuesto nacional para el año 2017, el cual no será presentado ante el parlamento aunque esto es un mandato expreso de la Constitución Bolivariana.
De hecho, para ejecutarse legalmente, el presupuesto debe discutirse y aprobarse como una ley nacional. En cambio, el presidente Nicolás Maduro anunció que solicitará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que “interprete” qué organismo del Estado debe aprobar el presupuesto y aseguró que al estar el país bajo una situación excepcional de “emergencia económica” él podría aprobarlo vía decreto “para que nada se detenga”.
En la pulseada entre poderes públicos desde que la oposición ganó la mayoría del parlamento en las elecciones de diciembre de 2015, el presidente Maduro justificó también su decisión recordando que el TSJ declaró a la Asamblea “fuera de la Constitución” por haber incorporado a los diputados del estado Amazonas, suspendidos de funciones por el mismo tribunal por supuestas irregularidades al ser electos.
De hecho, para ejecutarse legalmente, el presupuesto debe discutirse y aprobarse como una ley nacional. En cambio, el presidente Nicolás Maduro anunció que solicitará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que “interprete” qué organismo del Estado debe aprobar el presupuesto y aseguró que al estar el país bajo una situación excepcional de “emergencia económica” él podría aprobarlo vía decreto “para que nada se detenga”.
En la pulseada entre poderes públicos desde que la oposición ganó la mayoría del parlamento en las elecciones de diciembre de 2015, el presidente Maduro justificó también su decisión recordando que el TSJ declaró a la Asamblea “fuera de la Constitución” por haber incorporado a los diputados del estado Amazonas, suspendidos de funciones por el mismo tribunal por supuestas irregularidades al ser electos.
Esta decisión del tribunal fue tomada en septiembre, cuando el TSJ declaró “carentes de toda vigencia jurídica los actos emanados de la Asamblea Nacional” en una sentencia con la que el oficialismo interpreta que en Venezuela no hay Poder Legislativo.
En ello el mandatario aseguró que el presupuesto nacional sería aprobado por el “Congreso de la Patria”, una instancia integrada por delegados del partido de Gobierno paralela a la Asamblea y con la que, al menos simbólicamente, el Gobierno dice someter a consulta y votación sus decisiones.
En esa tónica el vicepresidente Aristóbulo Istúriz declaró que el presupuesto nacional será presentado ante “asambleas del Poder Popular” para su aprobación.
No es la primera vez que el TSJ falla contra la AN de mayoría opositora, a la que durante 2016 le ha quitado poco a poco sus facultades a través de al menos 20 sentencias que emanan de “interpretaciones” solicitadas por chavistas.
El cerco contra el parlamente venezolano ha pasado incluso por la negativa del Ejecutivo a asignar los recursos para el pago de salarios de los funcionarios de la Asamblea Nacional.
Diputados de la oposición advierten que si el Ejecutivo no envía el presupuesto al parlamento caería en una omisión tan clara de sus deberes constitucionales que el presidente Maduro podría enfrentar una demanda por irregularidades administrativas.
Fuente: el economista net
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